Los recientes acontecimientos en México me han llevado a reflexionar sobre la validez que tiene la ley y la gran relevancia que tiene ésta en la sociedad. Como alguien que encontró enorme satisfacción en la lectura de Juan Jacobo Rousseau y su obra “El contrato social”, me he dispuesto a tomar la pluma y afrontar el reto que él mismo encaró hace ya varios siglos: explicar como es que surge la ley y que factores confluyen para darle a ésta su legitimidad y, aun más, su fuerza; tal fuerza que la simple frase “el peso o fuerza de la ley” se utiliza para intimidar a quienes se atrevan a desafiarla. Además, debo añadir que mis primeros meses como estudiante de derecho han sido tierra fértil para sinfín de cuestionamientos al respecto, tanto en clase, como entre compañeros y en la tranquilidad de la lectura, por lo que no está de más darle respuesta, de una vez por todas y desde mi humilde punto de vista, a las incógnitas que acompañan a la querida defensora de la justicia e incansable combatiente del mal: la ley.
 

Para dar inicio al análisis, es preciso comprender de donde surge ésta. Con lo anterior, no me refiero al debido proceso legislativo que tiene como producto una pieza de normatividad aplicable y legítima, sino al conjunto de circunstancias y nociones que hicieron aparecer, en el ideario de las primeras colectividades, el concepto de un precepto de conducta público y obligatorio.

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Podemos argumentar que la ley tiene, citando la filosofía de Aristóteles, cuatro causas primordiales: una causa eficiente, una formal, otra material y una final. Afrontémoslas de manera individual. La causa eficiente de la ley sería el ser humano, más concretamente, la sociedad, puesto que una ley para uno, lógicamente, no es ley para ningún otro. La causa formal, es decir, la manera en que se presenta la ley ante nosotros, toma, a mi parecer, dos formas: primero, el texto escrito que en las sociedades modernas emite el legislador, compuesto por normas jurídicas individuales que en su conjunto integran una “ley” en el sentido contemporáneo; y segundo, el comportamiento humano que encuadra en lo que ésta ordena, puesto que, en sociedades antiguas que preceden la norma escrita, el único medio en el que ésta se manifestaba era por medio de las acciones de sus subordinados, quienes la acataban. La causa material de la ley, lo que la integra, es un conjunto de valores que una sociedad considera primordiales, surgidos de lo que, en su particular cosmovisión, equilibra la balanza universal del bien y del mal. Entre estos valores podemos destacar: la justicia, la igualdad, la solidaridad, la seguridad y el bien común. Finalmente, valga la redundancia, está la causa final, el objetivo de la ley, es decir, el orden social, pues podemos inferir que, al disponerse una ley, se espera su observancia y, por tanto, un orden en la vida de comunidad.

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Una vez identificadas las cuatro causas anteriores, podemos analizarlas sintéticamente y compararlas entre sí. Para nuestros propósitos, la causa formal y la final juegan un papel menor, pues constituyen conocimientos a posteriori de la experiencia jurídica, es decir, las afirmaciones que hemos hecho sobre ellas surgen de la experiencia de vivir bajo el régimen de la ley, y poco nos dicen sobre su origen como ente social. Son, por el contrario, la causa eficiente y la causa material las que, conjugadas, arrojan luz sobre la verdadera fuente de nuestro objeto de estudio: la sociedad y los valores que ésta contempla.

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Mencionamos anteriormente que las sociedades, al enfrentarse inevitablemente con la trascendental pugna entre el bien y el mal, recogen el conjunto de valores que consideran más importantes y los plasman en normas que, tentativamente, darán la victoria al bien o, por lo menos, mantendrán la lucha entre estos dos en un perpetuo empate. Las sociedades tienden, universalmente y sin excepción alguna, a la elección del bien sobre el mal. ¿Cómo es posible esto, cuando dos sociedades tienen contextos completamente distintos e, incluso, opuestos el uno del otro? ¿Existe acaso una fuente de iluminación divina que deja en claro que esta bien y que no? ¿De qué otra manera se puede llegar a tan unánime resolución?

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Lo cierto es que no se puede. A mi parecer, el bien y el mal, al menos aquellos que resultan plasmados en las leyes de un grupo social particular, poco tienen que ver con la soñada “moral universal” que tanto debate ha suscitado. Mi razonamiento es el siguiente: las sociedades eligen el bien porque es lo que, para ellos, es bueno, y rechazan el mal porque, obviamente y desde su punto de vista, es malo. Podríamos pensar, entonces, que nos equivocamos unas líneas atrás, al señalar determinados valores como los que destacan en todos los ordenamientos legales, recordemos: la justicia, la igualdad, la solidaridad, la seguridad y el bien común. No es el caso, sino que dichos valores toman diferentes significados para cada cultura que los adopta.

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La historia no hace menos que comprobar esta hipótesis: la diferencia entre lo justo para un europeo común del siglo XIX no podría ser más distinto de lo que es considerado como tal por su contraparte de oriente, y ni siquiera es pertinente desplazarnos tanto, comparémoslo con su contraparte de medio oriente, y encontraremos que sus circunstancias personales, bastamente distintas, han influido con carácter definitivo en lo que es considerado justo por cada uno, pero la inclusión de esta “justicia subjetiva” en sus ordenamientos jurídicos sería una constante en todos los casos.

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Dispongamos ahora nuestra atención a la causa eficiente que señalamos anteriormente: el ser humano, más concretamente, la sociedad. La sociedad es el primero de los elementos que dan origen a la ley, pues los valores que describimos anteriormente y que se verán contenidos en la norma no pueden surgir del individuo, porque, como se menciona líneas atrás, la ley que está destinada a uno, no está destinada para ningún otro. La sociedad surge en el momento que se congregan dos o más individuos, y los valores comunes entre ellos podrán tener, efectivamente, la posibilidad de ser recogidos en una norma. En mi razonamiento, la sociedad es como un cascarón, y los valores anteriormente descritos constituirían sus contenidos, pues aquel mantiene a estos unidos y como uno sólo, el instante en el que el primero falle provocará la irremediable disolución de los últimos.

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Ahora bien, nuestra receta para la ley está completa: primero, una sociedad humana con pluralidad de integrantes; y segundo, los valores que esta sociedad reconoce como valiosos y pondera serán precisos cuando choquen con sus antónimos. Contamos con un elemento primario y uno secundario, uno independiente y otro dependiente. Cuando estos dos se funden es que nace la ley, que podríamos definir entonces como un precepto de conducta, que recoge los valores fundamentales de una sociedad y tiene por objeto regular su convivencia interna y procurar un orden social. Ejemplifiquemos esto: cuando las sociedades decidieron prohibirse matar, fue tal porque: primero, existía un grupo de seres humanos en convivencia los unos con los otros; segundo, se les presentó el conflicto entre dos premisas opuestas: matar y no matar; tercero, en su ponderación colectiva, no matar resultó ser la premisa más valiosa de ambas, considerada adecuada para mantener la contraria a raya; y cuarto, se dispuso entre sus integrantes crear una regla de conducta que recogiera la reflexión anterior, tal regla sería: está prohibido matar.

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Con esta explicación, surge de inmediato el concepto de ley que es mi particular preferido: la ley es una orden que la sociedad se da a sí misma. Rousseau hace ya un magnífico análisis sobre lo que conlleva la existencia en sociedad, como ésta da paso al estado y todo lo que se implica, explicación a la que nunca podría aspirar a igualarme, pero recomiendo con creces la lectura de “El Contrato Social” si se pretende ahondar en el tema. Por mi parte, retomaré algunos conceptos que éste último emplea para las precisiones que proceden respecto a nuestro tema. Hasta ahora, hemos establecido tres máximas premisas que seguir: la ley es dura, pero es ley; la ley que está destinada para uno, no lo está para ningún otro; y, la ley es una orden que la sociedad se da a sí misma.

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Enfoquémonos ahora en responder el segundo cuestionamiento: ¿de dónde obtiene la ley la fuerza que debe reflejarse en su aplicación? Tomando en cuenta lo anterior, la respuesta es clara: de la sociedad, quien la ordena como obligatoria. Es aquí donde considero pertinente introducir el concepto de “Estado”, no en el sentido moderno de palabra, el cual le interpreta como un conjunto de población, territorio y gobierno, sino como aquella sociedad que se organiza a si misma política y socialmente, pues cuenta y reconoce de entre sus individuos una serie de similitudes de pensamiento y creencia que generan entre éste cierto grado de cohesión. El Estado es el resultado único y primero del pacto social, por medio del cual todos sus integrantes ceden su libertad natural, absoluta y sometible únicamente a la fuerza mayor, a cambio de una libertad civil, amparada por el mismo pacto y que termina donde inicia la del otro. El Estado es muy distinto al gobierno, separación esencial a la que daremos claridad más adelante.

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La sociedad, al dictar sus primeras leyes, se convierte en un Estado, pues significa que existe en ella el suficiente grado de organización y anuencia entre sus miembros como para dar el primer paso del salvajismo a lo civilizado. Este nuevo Estado se posiciona por encima de todos los individuos que le integran, pues representa los intereses de todos o, en su defecto, de la mayoría; encontramos aquí el concepto de la voluntad general. Rousseau explica que, en la historia de los Estados modernos, existe una única decisión que requiere la unanimidad de sus miembros: aquella que otorgue la última palabra en cualquier asunto a la opinión que exprese la mayoría. La voluntad general dicta los actuares del Estado, por lo tanto, debe de quedar impresa, necesariamente, en cualquier ley que éste dicte, para que sea válido secundarla con su omnipotente imperio y hacerla cumplir sobre la voluntad de cualquier individuo: es así como la ley se convierte en dura.

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¿Cómo podemos cerciorarnos de que la ley represente, verdaderamente, la voluntad general? Para ello, los romanos diseñaron el sistema de comicios, asambleas legislativas a las que se convocaba a todos ciudadano romano a votar a favor o en contra de las propuestas de ley que enviaban determinados magistrados con la facultad para ello. Hoy en día, celebrar un comicio romano en un país como México sería imposible, pues su población ha llegado a tal grado que las implicaciones meramente logísticas rebasan la capacidad de cualquier medio que se proponga. Por lo tanto, se ha resuelto recurrir a un sistema representativo, fraccionando el territorio que ocupe el Estado y asignándole a cada fracción un representante, que al congregarse con todos los demás representantes (o diputados, como les hemos llamado) celebran una suerte de comicio indirecto. Rousseau repudiaba el concepto de la representación en materia legislativa, pues bien decía que la voluntad de uno es irrepresentable por medio de otro, opinión con la que estoy plenamente de acuerdo; no obstante, acudiendo a las necesidades de las circunstancias, creo que un sistema representativo es lo mejor a lo que podemos aspirar, en pos de la eficiencia y el simple funcionamiento del sistema legislativo.

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Es por medio de las leyes que el Estado instituye su gobierno, el cual emana de las leyes y no al contrario. El gobierno puede llegar a actuar en contra de la voluntad general, pues su manejo recae sobre unos cuantos individuos y no se somete por completo a la decisión popular. El gobierno únicamente representa al Estado cuando actúa en concordancia con la voluntad general, lo que denominamos un “acto de soberanía”; cuando no lo hace, estamos en presencia de un “acto de magistratura”. Las leyes son siempre “actos de soberanía”, pues por naturaleza deben de representar la voluntad general, siendo la fuente de todas la ley primordial, el pacto social que dio origen al Estado que posteriormente las dicta, observa y hace cumplir. Si una ley no representara la voluntad general, no puede gozar del respaldo de la sociedad, pues tomamos por hecho que, al menos, la mitad de sus integrantes no está de acuerdo con ella.

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¿Puede haber leyes injustas? No, pero puede haber disposiciones injustas que, falsamente, reciban el nombre y vigor de las leyes. ¿Qué ocurre entonces cuando el sistema legislativo se ve sometido a quienes llevan las riendas del gobierno? Encontramos en tal situación una legislación magistractual, falsamente soberana y que lleva el pacto social a sus límites, quedando en oposición, en tales casos, dos fuerzas: la inercia del gobierno, quien al recibir del Estado la encomienda de organizarlo y regirlo se dota de una cuasi-soberanía que puede parecer imparable; y el Estado, quien, aunque posee original y esencialmente la soberanía, carece de los medios efectivos para ponerla en práctica.

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Si el Estado consigue organizarse a sí mismo, actuar con unidad e identificar plenamente y sin distracciones donde yace la voluntad general, se llega a tal punto en el que la falsa ley dictada por el gobierno parece diminuta contra el simple actuar de la sociedad, la ley se ha vuelto obsoleta y nos encontramos entonces ante una revolución en el sentido más puro de la palabra. Tras destituir a su gobierno y destronar las falsas leyes que éste había dictado, el Estado decidirá si volver a edificar sobre las mismas bases o cimentar unas nuevas.

Tal es la situación a la que parece nos acercamos irremediablemente en México. Como quedó plasmado en los párrafos que anteceden, confió plenamente en la voluntad del pueblo que, aunque fácilmente engañado, bajo la guía correcta recupera fácilmente su camino. Creo fielmente en que la soberanía reside en nosotros, en los mexicanos, y que más allá de cualquiera, nuestro mayor derecho es el de exigirle al gobierno el trato que como sociedad merecemos y queremos.

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Sin darme cuenta, el final de éste ensayo de ha desviado ligeramente del propósito inicial, pero creo que se ha resuelto, al menos en parte, el planteamiento que encendió la chispa y me motivo a realizarlo. Nuevamente, le recomiendo al lector interesado consultar “El contrato social” si le gustaría explorar más en el tema, y lo invito a formular su propio juicio al respecto. Invito a quienes lean esto a evaluar si las decisiones de nuestros representantes son, realmente, afines a lo que esperamos de ellos; si en verdaderamente nos representan o sólo cumplen los caprichos de aquellos que garantizaron su curul. ¿Qué podemos hacer como simples ciudadanos, impotentes ante la maquinaria represiva del gobierno? El cambio empieza en lo cotidiano, la crítica y la participación que los constituyentes garantizaron en nuestra Carta Magna no son un simple adorno, sino el medio más eficiente con el que contamos nosotros, el verdadero y soberano pueblo de México, para hacer valer nuestras opiniones y reclamarle, al gobierno y quienes nos representan en el Congreso, que cumplan con los deberes que en sus tomas de protesta se les encomendaron, pues no se les confió tal responsabilidad para simplemente asistir y cobrar. De lo contrario, serán juzgados con el más alto de los rigores y, esta vez, no se les someterá a ninguna de sus artificiosas “leyes”, sino que tendrán que enfrentarse el juicio definitivo de la ley popular.